Foto tomada de Cubadebate
Todo administrador de unidades comerciales sabe que el monto de sus ventas minoristas debe ser igual al del efectivo depositado en banco, más el efectivo en caja pendiente de depositar.
La alteración de este principio, de modo fraudulento, generó falta de liquidez en las empresas de Comercio y Gastronomía para garantizar su compromiso de pago, tanto con los proveedores como con los aportes comprometidos con los presupuestos territoriales, lo cual afectó el cumplimento de los programas y servicios a la población previstos en los municipios.
Además, ese fenómeno creó desabastecimiento en las ofertas al consumidor y enriquecimiento indebido.
El problema señalado generó la apertura de auditorías forenses que pusieron al descubierto el desvío de efectivo y de productos, lo que constituyen delitos y hechos de corrupción administrativa, situación anómala que, lamentablemente, se presenta de manera frecuente en esta actividad, por actitudes incompatibles y falta de control.
En el interés de continuar demostrando a la administración la urgencia de trabajar en la identificación de riesgos y en la posibilidad de adoptar medidas preventivas para corregirlos, la Contraloría General de la República (CGR) y el Sistema de Auditoría Interna identificaron varios modos de operar, y las causas y condiciones que los generaron o permitieron que se desarrollaran.
Lo primero es la superficialidad y carencia de investigaciones en el proceso de selección de quienes ocupan puestos claves en la gestión y el control de los recursos; así como ineficiencias en el proceso de evaluación de la conducta de los cuadros por el Grupo Empresarial de Comercio, las empresas provinciales de gastronomía y comercio, y sus unidades empresariales de base.
Junto a ello, la negligencia se manifiesta en la custodia de los recursos materiales y financieros, en la tolerancia de indisciplinas y violación de las disposiciones jurídicas relacionadas con los procesos de contratación, compras, pagos, distribución, ventas y depósito del efectivo, en lo cual incide el inadecuado diseño y aplicación del sistema de control interno implementado.
También impacta, negativamente, la falta de transparencia en la realización del autocontrol, y la poca efectividad de las acciones de control, supervisión y fiscalización por los niveles administrativos superiores a los que se subordinan las empresas y unidades empresariales de base.
Un aspecto fundamental en este fenómeno es la no delimitación y debida actualización de las funciones y atribuciones del personal que interviene en los diferentes procesos, y el no establecer la adecuada contrapartida de control, o incumplirla cuando la tienen definida.
La falta de efectividad de las medidas contenidas en el Plan de Prevención de Riesgos es otra de las causas que generaron esos hechos, al no constituir una herramienta de trabajo efectiva en la lucha contra las indisciplinas, las ilegalidades y las manifestaciones de corrupción.
Además, gravita la existencia de brechas en los procedimientos de control interno, que no permiten ejecutar adecuadamente los procesos de abastecimiento, los comerciales, las ventas y el depósito de los ingresos.
Y, por supuesto, emerge la pérdida de valores éticos y morales de directivos, especialistas y trabajadores involucrados, que se apropiaron de recursos del pueblo para obtener beneficios personales o para terceros, sobre la base del engaño y la deslealtad.
Cero tolerancia frente a las ilegalidades y la corrupción
Los análisis y resultados de las auditorías se han presentado a los directivos del Ministerio del Comercio Interior (Mincin), a los gobiernos provinciales y municipales, a las empresas, y a las entidades de base, mientras los casos que corresponden han sido puestos a disposición de la Fiscalía y de los Órganos de Investigación del Ministerio del Interior (Minint) para los procesos penales pertinentes, en el interés de que se adopten las medidas correctivas necesarias para restablecer el orden y prevenir la reiteración de tales hechos.
Resulta relevante y, por tanto, el momento exige de mayor rigor y de una actuación consecuente, frente al descontrol administrativo y contable, que persiste en las entidades auditadas que es, en sí mismo, el principal modo de operar que propicia y favorece a personas inescrupulosas, asociadas y organizadas en cadenas delictivas, que les permitió apropiarse, para beneficio propio, de materias primas y mercancías que el Gobierno destina a la alimentación de la población, y de gran cantidad de efectivo que no se ingresó al sistema bancario con total impunidad, por un periodo de tiempo, en ocasiones excesivamente prolongado.
Otros modus operandi
Otros modos de operar detectados en el Comercio y la Gastronomía consisten en declarar ventas minoristas para dar cumplimiento a los valores de comercialización aprobados en el Plan de Circulación Mercantil, los cuales no guardan relación con el efectivo depositado en banco por concepto de venta en igual periodo, enmascarándolos mediante ajustes contables totalmente arbitrarios y no sustentados en diferentes cuentas contables que no corresponden a esas operaciones.
Para poder apreciar en su justa medida la gravedad de estos hechos, que ocasionaron pérdidas millonarias al país, baste mencionar los resultados de las auditorías forenses realizadas por la CGR, a solicitud del Minint, en las empresas provinciales de Elaboración de Alimentos, Gastronomía de La Habana y sus unidades básicas de La Lisa, Playa, Plaza de la Revolución, Habana del Este, Cerro, San Miguel del Padrón y Centro Habana.
También figuran los resultados de las auditorías forenses llevadas a cabo en las empresas subordinadas al Grupo Empresarial de Alimentos, atendido por el Mincin, Mayorista de Mercado Paralelo, y la de Tabacos, Cigarros y Fósforos, esta última efectuada por la unidad de auditoría interna del Grupo Empresarial, con la supervisión superior, de la CGR.
Como resultado de estas auditorías, se calificó de malo el sistema de control interno implementado en estas estructuras, y se identificaron responsabilidades administrativas, directas y colaterales, que conllevaron la aplicación de 383 medidas disciplinarias.
El 95 % se concentró en demociones definitivas del cargo (9,6 %), separaciones definitivas de la entidad (42 %), y separaciones definitivas del sector (44 %).
Los presuntos hechos delictivos fueron presentados a los órganos de instrucción del Minint, radicándose los procesos penales correspondientes, sobre los cuales la Fiscalía realizó el control de la investigación con apego al debido proceso, y ejerció la acción penal ante los tribunales.
En los juicios efectuados se encuentran implicados 203 acusados por los delitos de malversación, cohecho, falsificación de documentos, sustracción y daños de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de sellos oficiales.
Se impusieron sanciones entre dos y 22 años de privación de libertad, en correspondencia con la responsabilidad en los hechos que resultaron probados.
Recientemente, se concluyeron dos auditorías forenses en la Empresa Provincial de Comercio de La Habana y su filial del municipio de Plaza de la Revolución.
La acción de control en esta última se inició como resultado de la investigación realizada por el equipo de fiscalización de la empresa provincial, para dar respuesta a una denuncia de la población.
Los resultados demuestran la reiteración de los mismos modos de operar, que permitieron la apropiación de grandes sumas de dinero, por las unidades comerciales subordinadas a las unidades empresariales de base de Puentes Grandes, Rampa y Vedado, mediante la falsificación de slips bancarios no emitidos por el banco, para enmascarar la sustracción de recursos financieros provenientes de las ventas, en los que se incluyen los correspondientes a la comercialización de productos liberados a precios diferenciados a la población, que el Gobierno destinó para complementar, en parte, la canasta familiar normada.
Los implicados en estos lamentables acontecimientos, además de las sanciones administrativas que les corresponden, están sometidos a proceso penal.
El resuelto enfrentamiento a estos hechos, la eliminación de las causas y condiciones que los generan, conllevan una mayor exigencia a las direcciones administrativas para la corrección de estas desviaciones y delitos, así como promover, con mayor información, una activa participación del pueblo, mediante el ejercicio del control popular.
En el combate a este fenómeno es primordial la adecuada implementación del sistema de control interno sustentada en la actuación ética de directivos y trabajadores, que permitirá revertir la situación y avanzar en el camino de la eficiencia y la calidad de los servicios de este sector.
(Tomado de Cubadebate)
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